Tus respuestas
¿Qué es lo que ha pasado?
Los Ayuntamientos de Yaiza y de Teguise concedieron entre los años 1998 y 2003 numerosas licencias de obras de espaldas al Cabildo (antes de otorgarlas no solicitaron el informe previo y preceptivo de compatibilidad de las obras con el Plan Insular y después de concederlas tampoco comunicaron esas licencias al Cabildo vulnerando la obligación legal que impone a los ayuntamientos el deber de notificar las licencias turísticas al Cabildo) que vulneraon el Plan Insular y otras normas urbanísticas y legales de aplicación. El Cabildo ha denunciado una treintena de esas licencias y ha ganado todos los recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en el Tribunal Supremo habiendo quedado sin licencia 22 establecimientos turísticos hasta el momento, estando pendiente de sentencia otros 5 casos en los que no se ha dictado resolución judicial.
¿Quién ha infringido la ley?
Las licencias fueron concedidas ilegalmente por los alcaldes de los Ayuntamientos que las otorgaron.
¿La actuación de los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise fue la misma?
El número de licencias ilegales que otorgó el Ayuntamiento de Teguise es inferior a las que otorgó el Ayuntamiento de Yaiza. Las licencias con ilegalidades más graves fueron concedias por el Ayuntamiento de Yaiza.
¿Cuántos complejos tienen licencias ilegales y en qué estado están?
Por el momento, el TSJC ha considerado con licencias de obra ilegal 22 complejos:
- Sin empezar a construir: 2 hoteles y 1 complejo de apartementos
- Iniciados y con las obras paralizadas: 1 hotel y 2 complejos de apartamentos
- En funcionamiento: 9 hoteles y 7 complejos de apartamentos
¿Los establecimientos en situación de ilegalidad cuánto representan en el total de la isla?
El número de establecimientos turísticos que han visto anulada judicialmente su licencia suponen aproximadamente un 3% del total de la isla y suman en torno a un 11% de las camas turísticas.
¿Las sentencias que han anulado las licencias turísticas recurridas por el Cabildo solo se refieren a Hoteles?
No. Los hoteles que han visto anuladas sus licencias son 9. Los demás casos se refieren a complejos de apartamentos que no son hoteles ni aparthoteles.
¿De los 22 establecimientos turísticos con licencia anulada por los Tribunales cuántos están en funcionamiento?
El número de hoteles y complejos de apartamentos abiertos al público que tienen licencia anulada son 16.
¿Por qué el Cabildo actúa ahora y no antes de que los ayuntamientos concedieran las licencias?
Los ayuntamientos otorgaron las licencias de espaldas al Cabildo, muchas de ellas durante la moratoria insular (que prohibía expresamente la concesión de nuevas licencias). El Cabildo detectó construcciones en parcelas para las que supuestamente no había licencias y fué entonces cuando descubrió que los ayuntamientos de Yaiza y Teguise no les habían notificado la concesión de las mismas. Después de numerosos requerimientos formales, sin respuesta por parte de dichos ayuntamientos, tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien obligó, a los ayuntamientos, a remitir dichas licencias al Cabildo. Tras su estudio el Cabildo impugnó 27 licencias.
Para poder otorgar cualquier licencia de obra, el Cabildo debe emitir un informe de compatibilidad con el PIOT que en estos casos nunca se solicitó y que tras el estudio de las licencias resultaron todos desfavorables. Además, los ayuntamientos están obligados por ley a informar al Cabildo de las nuevas licencias que conceden en los 15 días posteriores a la concesión de dichas licencias y hasta que no fueron obligados por el TSJC el Ayuntamiento de Yaiza no informó de sus licencias y el de Teguise lo hizo "voluntariamente" después de que el TSJC obligara al Ayuntamiento de Yaiza.
¿Podría darse una "solución" global a todos estos casos?
La realidad de la situación y los diferentes tipos y entidad de los incumplimientos que presenta cada supuesto hace imposible su tratamiento conjunto o global.
¿Quién es el responsable de hacer cumplir las sentencias dictadas?
Los ayuntamiento son quienes deben ejecutar las sentencias en el plazo fijado por la ley. Para ello han de tramitar un expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado por la licencia anulada a fin de verificar si el establecimiento que se encuentra sin amparo
jurídico cumpliría, o no, con la normativa aplicable. Si cumple, se procede a la legalización mediante una nueva licencia. Si no cumple procedería su demolición.
¿Sería posible llegar a acuerdos entre el Cabildo y los afectados para que los establecimientos recuperasen las licencias anuladas?
No es posible, porque desde que los tribunales anularon las licencias, los establecimientos afectados se quedaron sin ellas y ahora tienen que obtener una nueva licencia si quieren seguir funcionando, la cual solo se podrá adquirir si se cumple con la normativa aplicable (plan insular, plan parcial, turismo, etc.).
¿Cuántos establecimientos con licencia anulada podrían legalizarse cuando los Ayuntamientos ejecuten las sentencias e inicien los expedientes al efecto?
Ninguno. El trabajo realizado por la Oficina del Plan Insular del Cabildo de Lanzarote que se presenta en esta página web ha analizado cada uno de los casos para ver si cumplen con la normativa aplicable y concluye que ninguno de los complejos turísticos con licencia anulada podría obtener una nueva licencia porque no se ajustan al marco normativo aplicable. Por tanto, la conclusión es que si no se cambian las normas (el Plan Insular, Plan Parcial, etc) esos establecimientos no podrán legalizarse.
¿Pueden cambiarse las normas que han incumplido los establecimientos turísticos con licencia anulada para legalizar las ilegalidades cometidas?
No. El cambio de las normas solo podría realizarse si la isla recibe compensaciones de tal grado que justifiquen la posible legalización de algunos establecimientos porque con ello se alcanzan objetivos superiores que es lo que podría motivar el cambio del planeamiento pero no al revés.
¿Quién asume las responsabilidad de una edificación con licencia del ayuntamiento: el consistorio o el promotor?
Siempre y cuando el promotor haya cumplido con lo especificado por dicha licencia, la irregularidad en la concesión de la licencia la ha cometido el Ayuntamiento por lo que el constructor no tiene responsabilidad, salvo que haya contribuido a la ilegalidad mediante dolo, culpa o negligencia. Por ello, ante una demolición, es el Ayuntamiento y por tanto, los contribuyentes, quienes tienen que asumir los costes y las posibles indemnizaciones. Este es precisamente uno de los grandes problemas ¿como afronta un ayuntamiento la eventual demolición de establecimientos turísticos valorados en varios millones de euros cada uno? En cualquier caso, el ayuntamiento afectado podría exigir responsabilidades económicas a los que participaron en la concesión de las licencias ilegales.
¿Este caso es comparable al de otros en España?
Lo que ha ocurrido en nuestra isla no tiene precedentes en el resto del estado. Los casos de indisciplina masiva ocurridos en España suelen referirse al incumplimiento de una única norma (el Plan General Municipal, normalmente) pero en los casos que han ocurrido en Lanzarote no solo se han incumplido normas del Cabildo Insular (como el Plan Insular y su Revisión) sino que al mismo tiempo se incumplen normas urbanísticas municipales (planes parciales, normalmente) y normas autonómicas (moratoria regional o directrices) por lo que el nivel de complejidad de las infracciones que se han cometido en las licencias turísticas anuladas por la Jusiticia a instancias del Cabildo no tiene precedente.
¿Cómo va a afectar todo esto a Lanzarote?
De como se resuelva este conflicto depende el prestigio de la isla, Lanzarote. Esta isla es Reserva de la Biosfera por muchas razones y una de ellas es el grado de compromiso de la sociedad y las administraciones insulares en favor del desarrollo sostenible. En Lanzarote se está sentado un precedente no permitiendo un modelo económico basado en el interés particular en detrimento del interés general. El futuro de Lanzarote y el de otras muchas islas y regiones depende de la solución de este conflicto abierto.
